En conmemoración de los 30 años de la Ley Sobre Bases General del Medio Ambiente, que dio inicio a la institucionalidad ambiental de Chile, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental entregó una reflexión sobre los principales avances y desafíos para el sitio web País Circular.
En 1994, Chile dio un paso significativo hacia la protección del medio ambiente al promulgar la Ley Nº19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Treinta años después, es pertinente reflexionar sobre su impacto y evolución.
El presidente Patricio Aylwin presentó el proyecto de ley en septiembre de 1992, tres meses después de la participación de Chile en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, con un Mensaje al congreso muy inspirado que vale la pena leer.
Chile, retornando a la democracia, se abría al mundo y reconocía la importancia de abordar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Pero la Ley Nº19.300 no sólo surgió para cumplir con estándares internacionales, sino también como un reflejo de la evolución del Estado de Derecho en Chile, y de la necesidad de dotarnos de una legislación ambiental marco y una institucionalidad específica atendiendo a una ciudadanía cada vez más consciente del problema ambiental.
A inicios de los noventa, al celebrar los primeros tratados de libre comercio con los países de América del Norte nos comprometimos también a no retroceder en nuestros estándares ambientales como garantía de seriedad y competitividad. A partir de entonces, podemos observar cómo la integración de Chile en la comunidad internacional y su apuesta por el multilateralismo han seguido siendo factores determinantes en la evolución de su normativa ambiental.
La creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en 2010 estuvieron marcados por la primera evaluación de desempeño ambiental de la OCDE. Posteriormente, la OCDE nos recomendó fortalecer los estándares de democracia ambiental y dar protección penal al medio ambiente, por ejemplo. La adhesión al Acuerdo de Escazú y la nueva ley de delitos económicos y atentados al medio ambiente son, en parte, herederos de ese influjo.
La Ley 19.300 fue pionera en establecer la participación ciudadana como un elemento necesario a la hora de definir políticas públicas y hacer gestión ambiental. Así, un aspecto fundamental de la Ley Nº19.300 es la consideración preventiva en la evaluación de proyectos. La ley estableció que los proyectos deben someterse al SEIA previo a su construcción, evaluando sus impactos en todas sus fases, desde la construcción, operación y hasta el cierre, con la premisa de que los costos ambientales no deben transferirse a la sociedad, sino que deben ser asumidos por los titulares de los proyectos. Esta perspectiva preventiva en aplicación del principio “contaminador pagador” ha sido clave para mitigar impactos ambientales negativos.
Con los años, la participación ciudadana informada se ha fortalecido, con grandes avances.
La creación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha sido un hito significativo. Y aún más lo es su plataforma electrónica, que desde sus primeras pruebas en 2001 como “SEIA Web”, hasta la versión actual conocida como e-SEIA, ha permitido a Chile liderar y ser un ejemplo en transparencia y eficiencia en la evaluación ambiental a nivel Latinoamericano, que nos permite hoy, dar el puntapié de mayor y más profunda modernización.
La pregunta clave es si la Ley Nº19.300 ha mejorado o empeorado el medio ambiente en Chile. Aunque carecemos del escenario contrafactual, es innegable que la normativa ha brindado transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas y nos ha dado muchas herramientas para la gestión ambiental, tanto en el ámbito preventivo como en tanto herramienta para reparar el daño al medio ambiente.
Con todos los avances, en un contexto de triple crisis global, en contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, aún existen grandes desafíos pendientes a partir de esta primera ley ambiental que hoy cumple 30 años. Al celebrar este hito es crucial seguir fortaleciendo las políticas públicas en el entendimiento de que los costos de la inacción son más altos que los de la acción ambiental. Sólo a través de un compromiso continuo y acciones concertadas de todos los actores involucrados, Chile podrá avanzar hacia un futuro más sostenible.
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