La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, acompañó este lunes a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado en Santiago, para abordar la tramitación de grandes proyectos de inversión en Chile.
La reunión fue presidida por el senador Francisco Chahuán, y a ella también asistieron los senadores Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende y Rafael Prohens. Asimismo, fueron invitados los máximos ejecutivos de Puerto San Antonio y la Empresa Portuaria de Valparaíso, quienes detallaron los avances y desafíos que presentan actualmente ambas iniciativas en el SEIA.
Durante su intervención, la ministra Rojas abordó algunos aspectos de la reforma al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. En particular, y a propósito de ambos proyectos portuarios, la titular de medio ambiente destacó lo referido a la participación ciudadana temprana —la que se propone sea de carácter voluntaria—, así como el abordaje de los Recursos de Reclamación, de tal manera de dar mayores certezas a los actores del sistema.
Por su parte, la directora del SEA, quien estuvo acompaña por el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, reiteró que el Servicio “cumple siempre con los plazos legales de evaluación y que las demoras se deben a las suspensiones que solicitan los titulares de proyectos, o bien, a la judicialización de estos, todo lo cual excede al trabajo del SEA”.
Respecto a las dificultades planteadas por los ejecutivos para acceder a determinados predios, Valentina Durán destacó la reciente publicación de un documento técnico sobre caracterización arqueológica: “el documento establece que si hay imposibilidades técnicas o legales que impidan extender la caracterización del monumento fuera del área de intervención del proyecto, para conseguir su delimitación efectiva, el titular deberá presentar los antecedentes fundados y los medios de verificación que sustenten dichas restricciones, junto con proyectar el área de influencia y el correspondiente análisis de la magnitud de los impactos, siempre considerando que no impliquen faltas de información esencial para la evaluación”, señaló la directora del SEA.
Sobre la capacidad que tiene la Dirección Regional del SEA Valparaíso para tramitar grandes proyectos de inversión, la directora Durán valoró una vez más la capacidad de los y las profesionales del organismo, así como su gran vocación de servicio público: “Sólo a modo de ejemplo, la Dirección Regional del SEA Valparaíso está en el segundo lugar de dotación a nivel nacional, con 23 funcionarios, sólo detrás del SEA RM que tiene 31 personas. Además, cuenta con el apoyo que recibe desde los equipos de la Dirección Ejecutiva”, afirmó la directora.
Por otra parte, Valentina Durán, se refirió a los desafíos generales a partir de la experiencia evaluando grandes proyectos de infraestructura. Sobre este punto, sostuvo que “en general la evaluación de impacto ambiental se ve facilitada y favorecida cuando existe participación ciudadana temprana, así como acuerdos sociales y políticos transversales, y con evaluación ambiental estratégica”.
“El SEA requiere reforzar su rectoría técnica exclusiva y excluyente, y aspiramos en el marco del proyecto de Ley actualmente en tramitación, administrar programas y subprogramas de evaluación que permitan orientar y priorizar recursos humanos especializados y recursos materiales, en coordinación con los Oaeca”, indicó la directora del SEA ante los parlamentarios.
Por último, la máxima autoridad del Servicio de Evaluación Ambiental señaló que “hoy, el SEIA no distingue entre proyectos públicos y privados, salvo instalaciones militares. Puede pensarse en un tratamiento diferenciado para proyectos de infraestructura estratégica, calificada de interés nacional: con términos de referencia especiales, líneas de base públicas y la coordinación de los distintos instrumentos de gestión. Finalmente, el proyecto de ley considera la ampliación de la calificación de urgencia, la cual podría ampliarse no solo sus causales, sino también sus efectos”.
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