El documento, que debe ser revisado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, propone reglas más claras para la evaluación ambiental de proyectos, amplía la participación ciudadana, plantea medidas para que bajen los tiempos de inversión y eleva los estándares que se requieren para un proyecto en el momento de su presentación.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, órgano presidido por la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y compuesto también por los titulares de Agricultura, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social; se pronunció favorablemente sobre el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el que entregará las herramientas necesarias a titulares de proyectos, órganos públicos y a la ciudadanía para llevar a cabo una evaluación ambiental eficaz y eficiente.
El objetivo de este nuevo reglamento es "dejar claras las reglas del juego", integrando a todos los interesados y mejorar sustancialmente el método de evaluación, centrando la discusión en los aspectos ambientales importantes de cada proyecto, de manera que éstos realmente se hagan cargo de los impactos ambientales que generan. Además, amplía y profundiza el proceso de Participación Ciudadana no sólo a Estudios de Impacto Ambiental, sino también a ciertas Declaraciones de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo que establecido por la Ley 20.417, con lo que se mejoran los niveles de participación tanto para la ciudadanía, en general, como para los pueblos originarios.
La iniciativa será presentada al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para su posterior tramitación en la Contraloría General de la República y su procedimiento de toma de razón, y la siguiente publicación en el Diario Oficial.
"Sacar adelante este reglamento ha sido un gran ejercicio de coordinación entre los organismos del Estado, entre los que se cuentan ministerios y servicios, y en el cual también se incorporaron los planteamientos de ONG´s y gremios a través de un proceso de consulta pública realizado entre junio y octubre de 2011. Ha sido un proceso complejo y transparente hacia la comunidad. Se realizaron 80 talleres, ferias y encuentros sectoriales, en los que participaron 2.700 personas; además de encuentros con expertos consultores. En total, se hicieron 1.484 observaciones, las que fueron consideradas en el proceso. Nuestro compromiso es lograr el desarrollo sustentable, necesitamos un instrumento de gestión que garantice a las personas una buena calidad de vida y que se producirán los menores impactos ambientales posibles", señaló la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, luego de la reunión.
Por otra parte, según indicó el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deja claras las reglas a titulares de proyectos, genera los lineamientos y las definiciones básicas requeridas para poder realizar la evaluación ambiental en etapas tempranas, estableciendo con claridad la información requerida y procurando que las observaciones de los Servicios sean realizadas en la primera ronda de preguntas, de manera de abordar todas las temáticas importantes desde el inicio de la evaluación.
"Con esto los proyectos serán evaluados con mayor celeridad, pero también con mayor rigurosidad desde un punto de vista ambiental. Por ejemplo, el máximo de adendas, será de tres por proyecto, con lo que se pretende dejar en claro tempranamente si un proyecto puede seguir o no su calificación", señaló Toro.
Por último, el Nuevo Reglamento viene a dar cumplimiento también a la medida 14 de la Agenda de Impulso Competitivo, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que tiene como fin evitar exigencias redundantes en la evaluación ambiental de proyectos. Esta medida está orientada a facilitar la tramitación de los proyectos de inversión, eximiendo a los proyectos que ya requieren someterse al Sistema de Evaluación Ambiental de la calificación ambiental previa, que la ordenanza general de urbanismo exige a todo establecimiento industrial, taller o bodegas. Así, se traspasará toda la responsabilidad de la calificación ambiental al SEIA y a las autoridades ambientales.
