La ceremonia, que tuvo lugar en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, contó con la participación de las ministras del Interior, Vocera de Gobierno y de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Tohá, Camila Vallejo y Antonia Orellana; junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda, Segpres y Economía, Luis Cordero, Mario Marcel, Álvaro Elizalde y Nicolás Grau, respectivamente, además de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, entre otras autoridades.
Un objetivo clave de esta Ley es combatir la impunidad económica. La Ley introduce un tratamiento distinto de la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, reconociendo los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la criminalidad económica.
“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”, afirmó el mandatario, quien agregó que “frente a eso, y me imagino que todos quienes son representantes electos o que han cumplido funciones públicas lo deben haber experimentado en sus salidas a terreno, hay una percepción en la ciudadanía de que, a veces, pareciera existir dos justicias, una justicia para ricos y una justicia para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real”.
El propósito central de la Ley es prevenir la comisión de delitos económicos a través de la imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas. Si las empresas adoptan adecuadamente las exigencias de esta Ley, se debería reducir significativamente el número de infracciones de este tipo.
“La promulgación de esta legislación es un paso importante en la recuperación de las confianzas en las instituciones. Muchas veces, me preguntan qué es lo que espero al final de nuestro mandato, y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras, más allá de las cifras, un bien intangible que para mí es prioritario es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso respecto de ello”, reflexionó el presidente de la República.
La promulgación de esta Ley es uno de los avances y cambios más importantes al sistema penal, valorando de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que provoca.
Sobre la ley promulgada
a. Establece categorías de delitos, para calificarlos como “delitos económicos” y hacer aplicable el estatuto diferenciado de penas y otros efectos.
b. Establece un sistema especial de determinación de la pena, de sustitución de penas, de determinación y cuantía de la multa y de inhabilitaciones especiales.
c. Actualiza algunos delitos y crea otros nuevos.
d. Agrega regulación sobre el comiso de ganancias.
e. Modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ley N°20.393.
